El alcalde de Sevilla desliza que el PSOE y la vicepresidenta “se van a encargar de que no salga adelante” la propuesta impulsada por una UTE privada
La vicepresidenta del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha entrado de lleno en el debate municipal sobre la posible ampliación de la Feria de Abril de Sevilla. Durante el pleno ordinario del Ayuntamiento celebrado este viernes, el alcalde, José Luis Sanz (PP), insinuó que el PSOE, con Montero al frente en Andalucía, podría bloquear la iniciativa, al tratarse de terrenos de titularidad estatal cedidos para el Real de la Feria.
La ampliación propuesta por la UTE formada por Martín Casillas, Carmocon y Esasur —entregada el mismo viernes de farolillos— contempla retranquear la zona de atracciones para habilitar hasta 220 nuevas casetas. Según explicó el regidor, la propuesta aún no ha sido estimada favorable por Urbanismo, que está elaborando los informes pertinentes y analizará su viabilidad.
Acusaciones cruzadas entre PP y PSOE
El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento, Antonio Muñoz, afeó al alcalde que anunciara públicamente la ampliación como si ya estuviera en marcha, cuando se trata de una propuesta privada aún en fase de estudio. “Es usted experto en proponer cosas en suelos que no son suyos”, criticó Muñoz, señalando la titularidad estatal del terreno y acusando a Sanz de usar el proyecto para confrontar con el Gobierno central.
La réplica del alcalde no tardó en llegar. Sanz insinuó que el PSOE ya había recibido instrucciones desde Madrid para frenar la ampliación: “Da la impresión de que han hablado con la señora Montero y que ella ya le ha dicho que no va a salir adelante bajo ningún concepto”, afirmó, lo que desató la protesta del grupo socialista en el pleno.
Debate sobre la gestión y financiación
Además del cruce político, el debate giró en torno al modelo de gestión y financiación del proyecto. Mientras desde el PSOE se cuestionaba que se opte por una concesión administrativa y se alertaba del riesgo de “mercantilizar suelo público”, el alcalde defendió que el proceso será plenamente legal, con licitación pública, transparencia y sin pérdida de titularidad ni control municipal.
En respuesta a Vox, que solicitó claridad sobre los plazos, Sanz subrayó que la posible concesión no supondría una privatización, sino una forma de abordar la ampliación sin endeudamiento.
