La Junta de Andalucía ha reafirmado su decisión de presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional contra el reparto obligatorio de menores migrantes no acompañados aprobado por el Gobierno central. Así lo ha comunicado oficialmente el Ejecutivo andaluz, que considera que la medida impuesta vulnera competencias autonómicas y no garantiza los recursos ni la planificación necesaria para una atención adecuada a estos menores.
Según la Junta, el decreto aprobado recientemente por el Consejo de Ministros, que establece un sistema de reparto solidario entre comunidades autónomas para atender a los menores no acompañados llegados, principalmente, a las Islas Canarias, no ha sido consultado ni consensuado con las autonomías. El Gobierno andaluz argumenta que este sistema puede generar una sobrecarga en los servicios sociales y de acogida de determinadas regiones, especialmente aquellas que ya gestionan un alto número de estos menores.
El consejero de Presidencia, Antonio Sanz, ha explicado que Andalucía ya acoge actualmente a más de 2.700 menores no acompañados, lo que supone una de las cifras más elevadas de toda España. En este sentido, ha subrayado que la comunidad andaluza ha demostrado una actitud solidaria y responsable, pero que el reparto impuesto sin criterios técnicos ni recursos específicos puede generar serios problemas en la atención y protección de los menores.
El recurso de inconstitucionalidad, que está siendo preparado por los servicios jurídicos de la Junta, se basa en la defensa del principio de autonomía competencial recogido en el Estatuto de Autonomía andaluz. La Junta argumenta que el decreto invade competencias exclusivas en materia de servicios sociales y protección de menores, además de haberse aprobado sin diálogo previo ni participación de las comunidades afectadas.
Desde el Gobierno central, en cambio, se defiende que la medida busca dar una respuesta conjunta a una situación de emergencia migratoria y garantizar los derechos de los menores en todo el territorio nacional. Moncloa ha recordado que este reparto busca aliviar la presión en los puntos de llegada y repartir de forma más equitativa los recursos.
El conflicto político y jurídico abre un nuevo capítulo en las tensiones entre el Gobierno central y algunas comunidades autónomas respecto a la gestión de la migración. Mientras tanto, la situación de los menores no acompañados sigue siendo uno de los retos más urgentes en la política migratoria del país.
