Dos empleados de la prisión de Brieva, en Ávila, han dejado de trabajar en el centro tras ser investigados por presuntos delitos de cohecho relacionados con Ana Julia Quezada, la autora confesa del asesinato de Gabriel Cruz. Los dos funcionarios estaban siendo investigados por su implicación en el presunto cobro de sobornos a la reclusa, a cambio de favorecer su situación dentro del centro penitenciario.
La decisión de cesar a los empleados se produce tras las investigaciones abiertas por las autoridades competentes, que han estado revisando las posibles irregularidades en el trato que Quezada habría recibido durante su estancia en el centro. Según fuentes del entorno penitenciario, ambos empleados presuntamente aprovecharon su cargo para ofrecer privilegios a la reclusa a cambio de dinero o favores, lo que desencadenó una denuncia interna y la apertura de la investigación.
El caso ha saltado a los titulares debido a la gravedad de las acusaciones, ya que los hechos implican a dos funcionarios públicos que, al parecer, habrían vulnerado los principios de imparcialidad y objetividad que deben regir el trato a los internos en los centros penitenciarios. La Dirección General de Instituciones Penitenciarias ha informado que, aunque los dos empleados han dejado su puesto de manera temporal, la investigación continuará para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades penales que puedan derivarse.
Ana Julia Quezada, quien permanece encarcelada por el asesinato del niño Gabriel Cruz en 2018, se encontraba cumpliendo condena en la prisión de Brieva. La noticia de su posible relación con estos funcionarios ha generado gran revuelo en los medios y entre la opinión pública, dado el impacto mediático del caso.
La intervención de la Justicia y el Ministerio del Interior en este asunto subraya el compromiso del Gobierno con la lucha contra la corrupción en el ámbito penitenciario. La investigación busca garantizar que los internos reciban un trato justo y acorde a la ley, sin que se produzcan abusos de poder por parte de los empleados públicos.
Por el momento, los dos funcionarios investigados permanecen en espera de los avances de la investigación judicial, mientras que la dirección del centro ha tomado medidas preventivas para evitar que se repitan hechos similares en el futuro.
