Una nueva incidencia en los servicios ferroviarios de Renfe ha vuelto a encender la polémica entre la Junta de Andalucía y el Gobierno central. En esta ocasión, los retrasos y cancelaciones registrados en varias líneas de Media Distancia y Cercanías han generado una oleada de quejas entre los usuarios y una contundente respuesta desde el ejecutivo andaluz.
Desde la Consejería de Fomento de la Junta, se ha denunciado que “el deterioro constante del servicio ferroviario está afectando gravemente a miles de ciudadanos que dependen del tren para desplazarse a sus lugares de trabajo o estudio”. La crítica no se ha hecho esperar, apuntando directamente al Ministerio de Transportes, al que acusan de “abandonar el mantenimiento y la inversión necesaria en la red ferroviaria andaluza”.
“Renfe era un servicio fiable y ahora es un despropósito. Cada semana hay una avería, una cancelación o un retraso injustificable”, han manifestado desde la Junta. Además, lamentan que mientras se anuncian inversiones millonarias en otras comunidades, Andalucía siga sufriendo incidencias reiteradas que afectan a la movilidad y a la imagen del servicio público.
La incidencia más reciente ha tenido lugar en la línea que conecta Sevilla con Cádiz, donde numerosos pasajeros se vieron obligados a esperar más de una hora por un fallo técnico. Situaciones similares se han registrado en otras líneas clave, como la que une Málaga con Córdoba.
Los usuarios, por su parte, han inundado las redes sociales con quejas, fotos de estaciones abarrotadas y mensajes exigiendo soluciones inmediatas. Asociaciones de consumidores también han pedido explicaciones y compensaciones por el perjuicio causado.
Desde Renfe se ha emitido un comunicado pidiendo disculpas por lo ocurrido y asegurando que “se están realizando las investigaciones pertinentes para evitar que este tipo de situaciones se repitan”. No obstante, las palabras no han sido suficientes para apaciguar el malestar creciente entre los ciudadanos y las autoridades andaluzas.
La tensión entre la Junta de Andalucía y el Gobierno central sigue en aumento, en un contexto donde la eficiencia de los servicios públicos se convierte en un tema clave de debate político y social.
