
La circulación ferroviaria entre Cádiz y Madrid ha sufrido este lunes importantes retrasos debido al robo de material en la vía, concretamente cables de cobre esenciales para el correcto funcionamiento del sistema de señalización. El incidente ha provocado demoras de hasta dos horas en algunos trenes y un notable malestar entre los pasajeros, especialmente en la línea de alta velocidad que conecta la capital gaditana con la capital española.
El robo se produjo a primera hora de la mañana en un tramo próximo a la estación de Las Cabezas de San Juan (Sevilla), según ha confirmado Adif, empresa responsable de la infraestructura ferroviaria. La sustracción del cableado dejó inutilizado el sistema de control del tráfico ferroviario, obligando a aplicar restricciones de velocidad y a gestionar manualmente los pasos de trenes durante varias horas.

Renfe ha señalado que el servicio se ha visto afectado en varios tramos, tanto en trenes AVE como Alvia, y que los retrasos han sido inevitables hasta que los técnicos de Adif han podido restablecer parcialmente la señalización. La operadora ha activado su protocolo de atención a los viajeros, ofreciendo devoluciones parciales del billete en los casos en los que las demoras han superado los 90 minutos.
Muchos usuarios han mostrado su indignación en redes sociales por la falta de información durante la espera en estaciones intermedias como Jerez, El Puerto o San Fernando. Algunos pasajeros han perdido conexiones con otros trenes o compromisos profesionales en Madrid, y han exigido explicaciones a Renfe por lo que consideran una gestión deficiente.
Desde Adif se ha anunciado la apertura de una investigación para identificar a los responsables del robo y se han reforzado los sistemas de vigilancia en puntos críticos de la red ferroviaria andaluza. También han recordado que los robos de cobre en la vía no solo provocan perjuicios económicos, sino que pueden suponer un riesgo para la seguridad del transporte ferroviario.
El suceso ha reabierto el debate sobre la protección de las infraestructuras críticas en el país y la necesidad de endurecer las penas para quienes atenten contra el funcionamiento de servicios públicos esenciales como el tren.