El ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Óscar Puente, ha reconocido públicamente que el gestor de infraestructuras ferroviarias, Adif, cometió un error al no notificar de forma inmediata a la Justicia la retirada de material del lugar del accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba), ocurrido el pasado 18 de enero de 2026.
Puente hizo estas declaraciones este lunes durante su intervención en los Desayunos del Ateneo de Madrid, donde se abordó la polémica sobre la gestión de las pruebas físicas tras el siniestro, en el que se vieron implicados dos trenes de alta velocidad y que dejó 46 fallecidos y decenas de heridos.
Según el titular de Transportes, el error de Adif no fue sustraer pruebas —como algunos sectores han sugerido— sino no informar de inmediato al juzgado de Montoro de que parte del material extraído había sido retirado del lugar. Puente defendió que no existe, por el momento, evidencia de que se intentara ocultar elementos relevantes del proceso judicial.
Causas del error y explicación oficial
Puente explicó que la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) y la Guardia Civil abandonaron el terreno de la tragedia antes de que Adif decidiera recoger determinados fragmentos de vía que, según los investigadores, no estaban directamente implicados en la mecánica del siniestro. Ese material, según el ministerio, fue trasladado para realizar comparativas técnicas de soldadura y normativa.
El ministro subrayó ante los periodistas que Adif actuó guiado por criterios técnicos propios para preservar elementos que, a su juicio, no habían sido catalogados como pruebas judiciales por la CIAF ni la Guardia Civil, pero que consideraba útiles para futuras pericias. Sin embargo, el fallo administrativo estuvo en no dar aviso inmediato al órgano judicial que instruye la causa.
Reacciones y contexto judicial
La retirada —y el momento de la comunicación— ha generado críticas tanto de la Guardia Civil como de sectores del ámbito jurídico, que han señalado irregularidades en la documentación y en la tramitación de esos elementos físicos retirados sin permiso expreso, según revelan fuentes de la investigación.
Asimismo, la jueza instructora del caso ha llamado la atención sobre la importancia de mantener la cadena de custodia intacta en accidentes con víctimas, para garantizar que cualquier material susceptible de aportar luz sobre lo ocurrido sea debidamente analizado bajo supervisión judicial.
Transparencia en la investigación y próximos pasos
Puente insistió en que la investigación permanece abierta y que las autoridades competentes trabajan con total transparencia para esclarecer las causas técnicas que provocaron el accidente, señalando incluso la posibilidad de un defecto en la soldadura de la vía como uno de los focos de estudio.
El caso sigue bajo escrutinio judicial y técnico. Las partes implicadas —Ministerio, Guardia Civil, CIAF y Adif— deberán coordinar información para que no queden dudas en torno al proceso que, además de la tragedia humana, ha desencadenado un debate profundo sobre los procedimientos de custodia de pruebas en accidentes ferroviarios.
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