El caso de los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE), uno de los mayores escándalos judiciales y políticos de Andalucía en las últimas décadas, ha dado un nuevo giro jurídico nacional e internacional. La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla ha decidido elevar una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) para que aclare si las sentencias dictadas por el Tribunal Constitucional español que anularon y rebajaron las condenas por prevaricación y malversación en esta macrocausa —incluidas las de los expresidentes andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán— son compatibles con el Derecho de la Unión Europea y su jurisprudencia.
En un auto fechado el 14 de julio de 2025, los magistrados sevillanos argumentan que las resoluciones del Tribunal Constitucional que ordenaron reformular las sentencias impuestas por la Audiencia y ratificadas por el Tribunal Supremo podrían entrar en conflicto con el principio de primacía del Derecho de la UE y con normas comunitarias sobre lucha contra la corrupción y protección de los intereses financieros europeos. Por ello, han suspendido la ejecución de las órdenes del Constitucional hasta recibir la decisión del TJUE, cuyo pronunciamiento puede tardar meses o incluso años.
La Audiencia de Sevilla plantea al Tribunal de Luxemburgo cuestiones clave como:
- Si el Tribunal Constitucional español se extralimitó al revisar las condenas y en ese proceso vulneró el Derecho de la UE.
- Si la interpretación constitucional de delitos como malversación y prevaricación contradice las exigencias europeas de lucha contra el fraude y la corrupción.
- Si un tribunal nacional puede no aplicar una sentencia constitucional que supuestamente contradice normas comunitarias.
Estos interrogantes forman parte del procedimiento prejudicial que ahora está en manos del TJUE.
El mecanismo de cuestión prejudicial permite a los jueces españoles plantear dudas sobre cómo debe interpretarse el Derecho europeo y suspender sus propias decisiones hasta que el TJUE responda, con el objetivo de garantizar una aplicación uniforme y eficaz del Derecho de la Unión.
Este paso, inédito en la larga historia judicial del caso ERE, proyecta la controversia más allá de los tribunales españoles y coloca a Andalucía en el centro de un debate europeo sobre el equilibrio entre justicia constitucional nacional y obligaciones comunitarias.
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