El **Pleno de la Diputación de Sevilla ha aprobado este jueves una moción para instar a la Junta de Andalucía a implicarse de forma “efectiva” en el proceso de compra de Ayesa Digital, una operación que ha generado incertidumbre entre trabajadores, agentes económicos y autoridades locales por su impacto en el empleo y el tejido productivo andaluz.
La iniciativa, presentada por el grupo socialista, fue respaldada por los votos de PSOE y Con Andalucía, y rechazado por PP y Vox, en una sesión marcada por el debate sobre el papel de las administraciones en decisiones estratégicas que afectan a empresas tecnológicas con fuerte presencia en la comunidad.
Durante la sesión plenaria, la diputada de Concertación y portavoz de la moción socialista, Marta Alonso Lappi, criticó duramente la “pasividad” mostrada por la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Sevilla ante la posible deslocalización de Ayesa Digital, una compañía que ha crecido en la región y que, a juicio de los socialistas, representa un activo clave para el desarrollo tecnológico y económico local.
Alonso Lappi subrayó que “la Junta no puede limitarse a declaraciones vacías mientras reconoce no tener instrumentos para evitar que la empresa se vaya”. En ese sentido, destacó la preocupación de los trabajadores ante la posibilidad de perder empleos cualificados y la necesidad de que la Administración actúe con determinación para retener talento andaluz.
La diputada pidió que el Gobierno andaluz se siente con representantes de los trabajadores y analice medidas concretas que permitan garantizar la continuidad de empleo y actividad en Andalucía. “Esta moción va a favor de los trabajadores en un momento de incertidumbre. Andalucía y Sevilla tienen que tener voz cuando se toman decisiones estratégicas”, señaló.
Por su parte, el portavoz del grupo popular, Martín Torres, criticó la moción y aseguró que, aunque comparte la preocupación por los empleos, considera que el texto no ofrece soluciones reales y tiene más un tono confrontacional dirigido a la Junta y al Ayuntamiento de Sevilla que propuestas efectivas. Según Torres, la intervención pública directa en decisiones empresariales debe ser “excepcional” y respetar los principios de mercado.
En la misma línea, el diputado de Vox, Rafael García, defendió que la participación de lo público en lo privado debe limitarse a casos excepcionales y que el papel del Gobierno debe centrarse en crear un entorno favorable para la inversión y la actividad empresarial sin intervenir de forma directa en operaciones mercantiles.
Por el contrario, el representante de Con Andalucía, Francisco García Parejo, subrayó la importancia de que las administraciones participen en instancias como los consejos de administración de sociedades estratégicas para “evitar el desmantelamiento del tejido empresarial en la comunidad” y proteger empleos y capacidades tecnológicas existentes en Andalucía.
La moción aprobada pone de relieve la tensión política y social generada por la venta de Ayesa Digital, empresa con raíz sevillana que se encuentra en pleno proceso de compra por parte de un consorcio inversor, y que ha despertado la alarma entre sindicatos, representantes políticos y agentes económicos por el futuro de sus plantillas y su vinculación con el territorio andaluz.
El debate sobre la intervención de la Junta de Andalucía entra ahora en una fase de presión política para que el Gobierno autonómico dé pasos concretos y establezca diálogo con la compañía, trabajando en propuestas que puedan asegurar el mantenimiento del empleo y reforzar el posicionamiento de Sevilla como polo tecnológico y digital de referencia.
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