Una operación municipal de desalojo dejó este jueves 70 personas sin hogar en el municipio de Níjar (Almería) al ejecutarse el desalojo de dos asentamientos chabolistas en la zona de San Isidro, generando un notable debate social y una oleada de críticas por “improvisación” por parte de varias organizaciones no gubernamentales que trabajan en la comarca.
El Ayuntamiento de Níjar comunicó que la intervención comenzó con la notificación y desalojo de 14 personas de un asentamiento situado junto a una gasolinera, actuación que estaba programada y previamente avisada. Sin embargo, poco después las autoridades procedieron también al desalojo de 56 ocupantes en un chalet adyacente, que no había sido notificado con antelación, lo que provocó el malestar de las ONG que asistían a los moradores ante la percepción de falta de coordinación.
Diferencias entre actuaciones: notificación previa y riesgo de seguridad
Según informaron de fuentes municipales, la actuación en el asentamiento junto a la gasolinera se realizó tras los avisos formales a sus ocupantes, mientras que la intervención en el chalet fue motivada por la detección de riesgos inminentes para la seguridad de quienes vivían allí, que llevaron a los técnicos a precintar su acceso para evitar daños mayores.
Desde el Consistorio se aseguró que, tras la evacuación, todos los afectados recibieron alternativas habitacionales, con 37 personas realojadas en alojamientos provisionales en Los Grillos, mientras que dos de los ocupantes del asentamiento inicial aceptaron también esta solución temporal. El operativo fue coordinado por la Policía Local y los servicios sociales municipales.
Críticas de ONG: improvisación y falta de acompañamiento
Las críticas por parte de las organizaciones sociales se centraron en la falta de aviso previo a los ocupantes del chalet desalojado y la percepción de que la intervención fue improvisada, lo que dejó a muchas personas —muchas de ellas trabajando en invernaderos— sin preparación para la acción y sin contacto previo con servicios de apoyo. Estas entidades denunciaron además escenas de pertenencias esparcidas en la calle, lo que, según señalaron, pone en evidencia un enfoque carente de garantías sociales básicas, especialmente para personas en situación de extrema vulnerabilidad.
Las ONG reclamaron una mayor coordinación entre administraciones, servicios sociales y autoridades municipales para garantizar que las actuaciones futuras no resulten en desplazamientos forzosos sin mecanismos de apoyo sólido, insistiendo en que sin alternativas reales, estas personas podrían verse obligadas a desplazarse a otros puntos de infraviviendas sin que se resuelva la problemática de fondo.
Repercusiones sociales en la comarca
Este tipo de desalojos no solo suscita controversia social, sino que pone de relieve la compleja realidad de los asentamientos chabolistas en el Campo de Níjar, donde estudios previos han señalado que más de 1.300 personas viven en infraviviendas dispersas entre los invernaderos, muchas de ellas con carencias de servicios básicos como agua potable o electricidad, lo que agrava la situación de exclusión social.
La región ha sido objeto de diversas iniciativas de análisis social y de atención por parte de organizaciones como el Servicio Jesuita a Migrantes, que han denunciado la invisibilidad de estas poblaciones frente a las políticas públicas.
Lo que sigue: seguimiento y recuperación de pertenencias
El Ayuntamiento anunció que la actuación continuará este viernes por la mañana, ofreciendo a los ocupantes del chalet la posibilidad de acceder a sus pertenencias antes de continuar con los pasos administrativos que correspondan.
Mientras tanto, la comunidad local y las organizaciones sociales preparan un seguimiento de la situación sociohabitacional de estas personas, que incluye propuestas de acompañamiento y reivindicaciones para que futuras intervenciones se realicen con garantías de dignidad y con alternativas de vivienda más estables.
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