En un giro significativo en la política y la justicia andaluza, el Juzgado de Instrucción número 13 de Sevilla ha decretado el archivo definitivo de las denuncias presentadas por el PSOE-A y Podemos en torno a los contratos de emergencia adjudicados por el Servicio Andaluz de Salud (SAS) durante la pandemia de coronavirus. La decisión judicial, adoptada tras más de 15 meses de diligencias previas, marca un punto de inflexión en una causa que ha generado debate político, señalamientos públicos y tensiones entre las principales fuerzas políticas de la comunidad autónoma.
El auto judicial, firmado el pasado 22 de enero, determina que no existen indicios suficientes de delito en la actuación de los directivos del SAS investigados —la actual gerente Valle García y sus antecesores Miguel Ángel Guzmán y Diego Vargas Ortega— durante la tramitación de contratos mediante procedimientos de emergencia. Según el magistrado instructor, prolongar la instrucción “vulneraría el sistema constitucional de derechos y libertades” al mantener una investigación sin fundamentos probatorios sólidos.
La causa se había iniciado en septiembre de 2024 a raíz de una denuncia firmada por una treintena de parlamentarios socialistas, que acusaron al SAS de irregularidades y posibles delitos de prevaricación administrativa. La querella, que luego fue ampliada con nuevas apreciaciones sobre actuaciones en 2024, cifraba en más de 240 millones de euros el importe de los contratos supuestamente cuestionados.
En su escrito, el juez apunta que, aunque pudieron existir “aspectos puntuales que no cumplen la normativa”, estos no revisten carácter delictivo, ni permiten sostener que se haya producido una conducta arbitraria o un abuso de poder que pudiera tipificarse penalmente. La resolución hace hincapié en que las contrataciones respondieron a “necesidades perentorias” derivadas de la crisis sanitaria y que la gestión del SAS se respaldó en memorias justificativas e informes jurídicos acreditativos.
Según la resolución, la contratación de emergencia, aunque polémica en determinados momentos, estaba orientada a garantizar la continuidad asistencial, y en consecuencia su prolongación más allá de la pandemia no puede considerarse necesariamente una violación de la ley. Además, señala que no hay constancia de que ninguna empresa u organización beneficiaria de los contratos haya cuestionado la actuación del SAS o alegado perjuicio directo.
La decisión del juzgado ha generado reacciones encontradas en el ámbito político. El PSOE-A ha anunciado que recurrirá el auto ante la Audiencia de Sevilla, al entender que “el delito de prevaricación se mantiene” y que los hechos denunciados requieren una investigación más profunda, particularmente a la luz de informes posteriores de la Intervención General de la Junta de Andalucía que señalaban irregularidades en la fiscalización de los contratos.
Por su parte, el consejero de Sanidad de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha celebrado el archivo, exigiendo disculpas a los responsables políticos que impulsaron la denuncia y defendiendo la actuación de la administración sanitaria durante los años más críticos de la pandemia.
Asimismo, voces como la del coordinador de Izquierda Unida en Andalucía han calificado la resolución como “cuestionable”, apelando a una “percepción de corrupción política” y subrayando la asignación a dedo de contratos durante un periodo de crisis. Con este fallo, la causa judicial entra en una nueva fase, con la posibilidad de recursos y nuevas impugnaciones que mantendrán el debate sobre la gestión de los recursos públicos y la transparencia en la contratación sanitaria en el centro de la atención mediática y política andaluza.
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