La costa almeriense se ha convertido nuevamente en foco de preocupación social y política tras el avistamiento de al menos 14 embarcaciones tipo “narcolancha” refugiarse en puntos del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar y San Juan de los Terreros, en pleno Mediterráneo. Esta presencia masiva ha sido denunciada este lunes por la Asociación Independientes de la Guardia Civil (IGC), que alerta de la “impunidad” con la que operan las redes dedicadas al narcotráfico y al tráfico de seres humanos en aguas de Almería.
Según la IGC, las embarcaciones de alta velocidad —conocidas como “go-fast”— habrían buscado abrigo en la costa en medio de un temporal que afecta al litoral, sin temor a ser interceptadas por los agentes encargados de la vigilancia marítima. Esta situación ha puesto de manifiesto, de nuevo, una sensación de descontrol en las aguas territoriales andaluzas y una crítica abierta a la falta de recursos tanto humanos como materiales para hacer frente a este fenómeno creciente.
La denuncia de esta asociación fue acompañada también por declaraciones del alcalde de Pulpí, Juan Pedro García (PP), quien ha recriminado la actuación de las autoridades competentes y exigido refuerzos de seguridad en el litoral. En un vídeo difundido en redes desde San Juan de los Terreros, García alertó de que estas embarcaciones descansaban “a escasos metros” de la costa sin que las fuerzas del orden pudieran actuar con efectividad, situando la problemática como una realidad cotidiana para municipios costeros como Pulpí.
Desde la asociación profesional de la Guardia Civil, se subrayó que la situación es “insostenible” y que los agentes se enfrentan a organizaciones criminales “cada vez más violentas, mejor organizadas y con armas de mayor alcance”, lo que, a su juicio, exige una mejora urgente de medios y capacidades. Además, exigieron que sea reconocido el carácter de profesión de riesgo para los efectivos que patrullan estas zonas, en reconocimiento a los peligros que afrontan a diario.
Las narcolanchas son embarcaciones rápidas empleadas por las mafias del narcotráfico para transportar estupefacientes, combustible y personas de manera ilícita a través de rutas marítimas. Aunque su presencia en aguas españolas no es un fenómeno nuevo, la percepción pública de que estos grupos actúan “con descaro” y sin respuesta eficaz ha generado un clima de inquietud entre las comunidades costeras de Almería.
Diversos agentes y asociaciones han señalado que la falta de medios adecuados, tanto marítimos como aeronáuticos, dificulta las labores de intercepción y control. En un contexto donde el tráfico marítimo ilícito se combina con el fenómeno conocido como “petaqueo” —suministro de combustible a estas embarcaciones— las autoridades han abordado la problemática con operaciones puntuales pero insuficientes para frenar la sensación de impunidad.
Este avistamiento coincide con un contexto más amplio en el que la lucha contra las redes de narcolanchas ha protagonizado operaciones de gran calado en otras zonas de España. En un golpe reciente, la Policía Nacional desarticuló una poderosa organización criminal que utilizaba este tipo de embarcaciones para mover cocaína a través del Atlántico, en una operación internacional que se saldó con más de 100 detenidos y toneladas de droga confiscada.
Mientras tanto, alcaldes y colectivos locales insisten en que la sensación de inseguridad y la repetida presencia de estas embarcaciones pueden tener un impacto negativo en la percepción turística y en la seguridad de los residentes y visitantes. La demanda de mayores recursos para la vigilancia marítima, la coordinación entre fuerzas del orden y la cooperación internacional se presenta como una necesidad urgente para frenar un fenómeno que, hoy por hoy, sigue ocupando las portadas de los medios y las preocupaciones de las comunidades litorales.
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