La Junta de Andalucía, a través del consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández‑Pacheco, ha lanzado este viernes un mensaje firme al Gobierno de España sobre el controvertido acuerdo comercial entre la Unión Europea (UE) y los países del Mercosur (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay). Fernández‑Pacheco ha reclamado que las denominadas “cláusulas espejo” y de reciprocidad se cumplan de forma estricta, para asegurar que no entren en el mercado europeo productos agrarios que puedan haber sido producidos con prácticas, fitosanitarios o tratamientos prohibidos en Europa, lo que supondría una competencia desleal para el campo andaluz.
Estas “cláusulas espejo” son mecanismos clave para que los productos importados desde países terceros respeten las mismas exigencias sanitarias, medioambientales y de seguridad alimentaria que las vigentes dentro de la UE. Fernández‑Pacheco ha insistido en que Andalucía, una región con una economía agraria “eminentemente exportadora y con vocación de seguir conquistando mercados”, no renuncia a los tratados de libre comercio siempre que garanticen condiciones de igualdad y reciprocidad para los productores europeos y andaluces.
Durante su intervención ante los medios en Almería, el consejero ha pedido cautela y transparencia ante un pacto que aún no se ha podido conocer en profundidad en todos sus detalles. “No tenemos miedo a competir con nadie, siempre que lo hagamos en igualdad de condiciones”, ha subrayado. En este sentido, ha anunciado que la Junta apoyará el acuerdo entre la UE y Mercosur solo si existen garantías claras de que no se importarán productos tratados con sustancias o prácticas que en Europa están prohibidas o fuertemente reguladas.
Además de las cláusulas espejo, otro elemento fundamental para la Junta son las cláusulas de salvaguardia, mecanismos administrativos que permitirían cerrar temporalmente fronteras o imponer restricciones si se detecta la entrada de productos que pongan en riesgo el equilibrio del mercado agrícola europeo. Fernández‑Pacheco ha instado al Gobierno central a asegurar que estas salvaguardias funcionen realmente y no se queden en meros formalismos, de forma que los productores europeos —y en particular los andaluces— no se vean perjudicados por decisiones políticas que favorezcan intereses externos sobre los internos.
La posición de la Junta andaluza se enmarca en un debate más amplio a nivel europeo y nacional sobre el impacto que los acuerdos comerciales pueden tener en los sectores agrarios autóctonos. Algunos representantes políticos y organizaciones rurales sostienen que, pese a la inclusión de cláusulas de protección, estas podrían ser demasiado débiles o difíciles de activar, lo que generaría una situación de competencia desleal frente a productos importados con menores exigencias sanitarias o medioambientales.
Para Andalucía, cuyo campo representa un motor económico y social crucial para la prosperidad de muchas comarcas rurales y costeras, la defensa de los intereses de agricultores y ganaderos es una prioridad. La Junta ha puesto énfasis en que cualquier acuerdo comercial que la UE suscriba debe preservar la calidad, la seguridad y la sostenibilidad de los productos europeos, al tiempo que proteja el empleo y la innovación en el sector agrario andaluz.
En definitiva, la exigencia de la Junta de Andalucía al Gobierno de España es clara: no se puede sacrificar ni poner en riesgo al campo andaluz en aras de abrir mercados si ello implica un trato desigual frente a los productos importados. La insistencia en el cumplimiento estricto de las cláusulas espejo y de salvaguardia es una pieza clave de esta defensa sectorial, cuyos efectos trascenderán al debate político y económico tanto en España como en el conjunto de la Unión Europea.
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