La nueva Ley de Vivienda de Andalucía entrará en vigor el próximo 24 de enero, marcando un rumbo propio y diferenciado del modelo estatal. Con el déficit habitacional como telón de fondo, la Junta de Andalucía apuesta por incentivar la oferta a través de la agilización de la construcción y la colaboración con el sector privado, en lugar de imponer controles de precios.
UN DIAGNÓSTICO COMPARTIDO, UNA SOLUCIÓN DIFERENTE
La ley parte de una premisa incontestable: en Andalucía faltan viviendas. Las cifras oscilan entre las 90.000 que estima la administración autonómica y las 200.000 que señalan los promotores privados. Sin embargo, la respuesta que propone el gobierno de Juanma Moreno diverge radicalmente de la del Ejecutivo central.
Frente al modelo de intervención y limitación de precios de la ley estatal, la norma andaluza se construye sobre la idea de que la clave para abaratar los precios es aumentar drásticamente la oferta. «La mejor forma de garantizar viviendas accesibles es construyendo más y eliminando trabas», defienden desde la Junta, responsabilizando a la ley nacional de haber encarecido el mercado y reducido la disponibilidad.
LOS PILARES DE LA NUEVA ESTRATEGIA
La ley articula su estrategia en varios ejes fundamentales destinados a movilizar suelo y capital:
* Impulso a la Vivienda Protegida (VPO): La norma permitirá aumentar la edificabilidad (el número de viviendas por solar) siempre que los nuevos pisos se destinen a precio protegido. Además, la administración pondrá a disposición más suelo público, una medida a la que ya se han adherido cerca de 80 municipios.
* Alianza con el sector privado: Uno de los aspectos más innovadores es la apuesta por fórmulas de colaboración público-privada. Se abren paso mecanismos como la cesión de suelo a promotores a cambio de viviendas terminadas (permuta), subvenciones directas o concesiones administrativas. Se creará incluso una comisión específica para generar nuevas ideas de cooperación.
* Reactivación del parque vacío: Para sacar al mercado las viviendas deshabitadas, la ley prevé incentivos fiscales, seguros de impago para propietarios y ayudas a arrendatarios. Se pondrá en marcha un Registro de Viviendas Deshabitadas, excluyendo expresamente las segundas residencias de uso turístico o vacacional.
* Protección social y rehabilitación: En el ámbito social, se crea el Sistema Andaluz de Información y Asesoramiento en Desahucios, que ofrecerá asistencia gratuita, priorizando a víctimas de violencia de género y personas en exclusión. Paralelamente, se fomentará la rehabilitación energética y la modernización del parque existente.
SEGURIDAD JURÍDICA Y RÉGIMEN SANCIONADOR
La ley pretende ofrecer estabilidad y reglas claras a propietarios e inversores, un aspecto que, según la Junta, la normativa estatal no garantiza. Reafirma el respeto a la propiedad privada y renuncia a intervenir directamente en los precios del alquiler.
No obstante, establece un régimen sancionador estricto para quienes incumplan sus disposiciones, con multas que van desde los 1.000 euros para infracciones leves hasta los 9.000 euros para las muy graves. Los fondos recaudados se destinarán íntegramente a financiar políticas de vivienda.
Andalucía se convierte así en la primera comunidad autónoma en aprobar una ley de vivienda tras la entrada en vigor de la norma estatal, planteando un modelo alternativo que prioriza la construcción, los incentivos y la cooperación, y cuyo éxito se medirá en su capacidad para revertir el déficit habitacional en los próximos años.
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