Almería, 23 de octubre de 2025 – La Audiencia Provincial de Almería ha dictado la orden de embargo sobre la totalidad de los bienes y los ingresos penitenciarios de Ana Julia Quezada, condenada por el asesinato de Gabriel Cruz en 2018. Esta medida, aprobada el pasado 8 de octubre, tiene por objeto asegurar el pago de las indemnizaciones que debe a los padres del menor.
Según el decreto judicial, el embargo abarca cualquier cantidad que la reclusa pueda percibir por cualquier concepto: salario por trabajos en prisión, pensiones, ayudas o asignaciones. Fuentes jurídicas señalan que Quezada cobra aproximadamente 200 euros mensuales por su labor en el centro penitenciario de Brieva (Ávila), donde cumple prisión permanente revisable desde 2019.
La sentencia firme del año 2019 le imponía una indemnización de 250.000 euros a cada uno de los padres de Gabriel Cruz, además de otros más de 200.000 euros por los gastos asumidos por el Estado derivados de la búsqueda del niño. La defensa de Ana Julia ha recurrido el embargo argumentando que su salario, al encontrarse por debajo del salario mínimo, sería “inembargable”, lo que introduce un debate jurídico que aún está pendiente de resolución.
El juzgado ha intervenido también los fondos depositados en la cuenta interna del centro penitenciario y cualquier eventual ingreso futuro, con el fin de garantizar que la indemnización se haga efectiva. Más allá del aspecto penal, esta actuación refleja la aplicación de las responsabilidades civiles derivadas de delitos graves y la obligación de reparar en la medida de lo posible a las víctimas y sus familias.
Con esta medida, la provincia de Almería refuerza la imagen de firmeza judicial frente a crímenes que conmocionaron a la sociedad andaluza, a la vez que lastima un poco más a los padres de Gabriel Cruz, que han declarado sentirse “sin vida” ante la imposibilidad de recuperar la normalidad tras lo ocurrido.
Acerca del autor
