La Plataforma Almería por Palestina ha solicitado formalmente al Gobierno de España que suspenda de manera inmediata todas las relaciones institucionales, económicas, culturales, deportivas o de otra índole con el Estado de Israel mientras persista lo que consideran “violencia indiscriminada contra la población civil” en Gaza. El colectivo exige además un alto el fuego efectivo, el libre acceso de ayuda humanitaria, y la reconstrucción de infraestructuras esenciales como agua, electricidad, sanidad y educación.
En un comunicado público, los miembros de Almería por Palestina han afirmado que la continuación de relaciones oficiales con Israel implicaría complicidad moral ante lo que denuncian como graves violaciones del derecho internacional. Señalan que hasta que no se garantice protección a los civiles, detención de bombardeos, y apertura de corredores humanitarios, tales vínculos deberían estar completamente suspendidos.
Esta petición suma fuerzas a otras similares que han sido planteadas por organizaciones políticas, instituciones académicas y plataformas sociales en distintas comunidades de España. Por ejemplo, Izquierda Unida ha reclamado medidas parecidas al Ministerio de Asuntos Exteriores, y la relatora especial de Naciones Unidas para los Territorios Palestinos Ocupados ha urgido a instancias gubernamentales españolas y europeas a adoptar sanciones diplomáticas, económicas y militares contra Israel.
Hasta ahora, la respuesta oficial del Gobierno ha sido cauta. Aunque se han aprobado algunos decretos de embargo de armas y se han denunciado públicamente los ataques, no se ha confirmado que se vaya a proceder con acciones de ruptura total de relaciones diplomáticas ni suspensión general de acuerdos institucionales. Los portavoces gubernamentales han reiterado la necesidad de que cualquier medida se ajuste a las obligaciones legales internacionales y a la diplomacia del Estado español.
El movimiento impulsado por la plataforma de Almería incide en el principio de solidaridad internacional y apunta a que la presión ciudadana y social podría influir en decisiones políticas más firmes. Representantes del grupo anuncian que presentarán la solicitud ante la administración local y buscarán respaldos institucionales para hacer viable legalmente la ruptura de relaciones si las condiciones humanitarias no mejoran.
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