Jaén, 8 de octubre de 2025 — La instalación de plantas de biometano proyectadas en distintas zonas de la provincia de Jaén ha generado un fuerte rechazo entre olivareros y comunidades locales, que denuncian posibles impactos negativos sobre el campo, el paisaje rural y la convivencia territorial. Aunque estos proyectos se promueven como una apuesta por las energías renovables, los afectados alertan de que las plantas podrían convertirse en focos de conflicto si no se regulan con garantías.
Los agricultores señalan que algunas de estas infraestructuras podrían ubicarse en terreno agrícola de olivar tradicional, lo que implicaría modificaciones en el uso del suelo, pérdida de superficie cultivable o menores rendimientos por la cercanía de instalaciones industriales. Además, advierten de que estas plantas requieren volúmenes considerables de materias primas orgánicas y residuos vegetales, lo que podría alterar las cadenas de suministro y competir por recursos con usos agrarios.
Por su parte, comunidades de vecinos expresan su inquietud por posibles molestias: olores, emisiones, ruidos y tráfico de vehículos pesados. En localidades con construcciones próximas, la presencia de plantas de biometano puede generar preocupación sobre la compatibilidad entre la actividad energética y la vida cotidiana de los habitantes.
Desde las administraciones se defienden los proyectos como una estrategia alineada con los objetivos de descarbonización y transición energética. Se señala que las plantas de biometano permitirían aprovechar residuos agrícolas y orgánicos para generar un combustible renovable, reduciendo emisiones de gases de efecto invernadero y generando empleo en zonas rurales deprimidas.
Sin embargo, el debate gira en torno a cómo equilibrar la viabilidad energética con la protección del patrimonio agrario, la viabilidad de los cultivos tradicionales y el bienestar de las comunidades rurales. Para avanzar en esos proyectos, los vecinos reclaman más participación en los procesos de planificación, estudios de impacto ambiental rigurosos y criterios de compensación justos que aseguren que los beneficios también lleguen al territorio afectado.
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