La Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta de Andalucía ha decidido remitir a la Fiscalía toda la información recabada sobre el suicidio de una alumna de 14 años en Sevilla, quien presuntamente sufría acoso escolar en el colegio Irlandesas de Loreto. El motivo alegado: el centro no activó los protocolos exigidos por la normativa ante situaciones de acoso ni tampoco el de conductas autolíticas.
El trágico suceso ocurrió el pasado martes, cuando la menor se precipitó desde el balcón de su vivienda poco después de salir del colegio. La familia había alertado con anterioridad al centro educativo sobre los insultos de un grupo de compañeras, principalmente relacionados con su aspecto físico, denuncia que también recogió la Inspección Educativa.
Fuentes oficiales han confirmado que el colegio concertado incumplió la normativa al no desplegar los protocolos necesarios, tanto el de acoso escolar como el de prevención de conductas suicidas, situaciones que la ley obliga a atender con urgencia. En este contexto, la Junta ha abierto un expediente administrativo para aclarar responsabilidades.
Paralelamente, el Defensor del Pueblo Andaluz ha iniciado una investigación de oficio para certificar cómo se aplicaron (o no) los protocolos en este colegio y revisar si hubo fallos graves en la actuación institucional. Desde el centro, se ha manifestado profunda “consternación” por lo sucedido, asegurando que colaboran con las autoridades educativas y ofrecen apoyo psicológico al alumnado afectado.
Este caso ha reavivado el debate público sobre la eficacia de los protocolos frente al acoso escolar en Andalucía, y la urgencia de que los colegios actúen con diligencia cuando se denuncian agresiones verbales u otros tipos de violencia entre estudiantes. Es también un llamado para reforzar la atención a la salud mental en las escuelas y garantizar que haya canales efectivos para prevenir tragedias que, en muchos casos, se venían anunciando.
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