Carboneras continúa dando pasos, aunque aún inciertos, para ejecutar la sentencia que declara los terrenos del hotel El Algarrobico como no urbanizables de especial protección. El Ayuntamiento aprobó recientemente en pleno una modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que busca reflejar de manera literal el fallo firme del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), que anuló la licencia de obras del polémico hotel promovido por Azata del Sol. Sin embargo, el cumplimiento efectivo de la orden judicial aún depende de su publicación en los canales oficiales y de la validación del propio tribunal.
La modificación urbanística se ha remitido al TSJA tras advertencias del tribunal sobre un posible incumplimiento, incluyendo la identificación del funcionario responsable. El pleno municipal persigue así evitar sanciones coercitivas y confirmar que el planeamiento vigente recoge correctamente la protección ordenada judicialmente. Esta aprobación constituye un paso relevante en un proceso que se ha prolongado más de dos décadas, marcado por retrasos, controversias y procedimientos administrativos inconclusos.
El conflicto urbanístico se ha intensificado desde la moción de censura que permitió a Salvador Hernández acceder a la alcaldía con apoyo del PSOE, generando acusaciones cruzadas, fracturas internas y enfrentamientos institucionales. La falta de consenso entre administraciones ha sido un obstáculo para ejecutar la demolición del hotel, considerada urgente por ecologistas y el Gobierno de España. La Junta de Andalucía ha planteado recientemente un acuerdo al estilo del caso Doñana para indemnizar a los propietarios y cerrar el conflicto, una propuesta que el alcalde considera “viable y sensata”, aunque fuentes oficiales recuerdan que un acuerdo de ese tipo ya existe.
El pleno celebrado en Carboneras derivó en un intenso debate político. El concejal socialista Francisco Capel acusó al alcalde de ocultar documentación judicial y promover un acuerdo “ilegal” que intenta reinterpretar la sentencia. Además, denunció que se han ignorado informes esenciales y que el expediente se apoya en planos y documentos previamente descartados por el Tribunal Supremo. Por su parte, Salvador Hernández defendió la aprobación del traslado literal de la protección al PGOU como un cumplimiento estricto de la orden judicial, y criticó lo que calificó de “judicialización eterna” del caso, que ha generado gastos millonarios en personal técnico y defensa jurídica.
Ahora, la mirada está puesta en la valoración del TSJA, que determinará si la modificación del PGOU es suficiente para cumplir con la sentencia. Solo entonces se eliminarían los últimos obstáculos legales para que la licencia de obras del hotel quede definitivamente anulada. Hasta ese momento, el debate y la desconfianza política sobre la voluntad real del Ayuntamiento para ejecutar la sentencia continúan marcando la gestión del caso.
Acerca del autor
