Andalucía vuelve a encabezar la lamentable “lista negra” de violencia de género en España: hasta la fecha, diez mujeres han sido asesinadas en la comunidad autónoma a manos de sus parejas o exparejas, lo que supone casi un tercio del total nacional, que asciende a 29 casos en lo que va de año.
La comunidad con más víctimas mortales se sitúa por delante de otras autonomías como Asturias (3), Canarias, Cataluña, Extremadura o Galicia (2 cada una), y otras con un caso confirmado (como Madrid, Comunidad Valenciana o Baleares).
Tras el último asesinato confirmado, ocurrido en Marbella, el delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, expresó su pesar y condena: “estas vidas perdidas son un reflejo del machismo que persiste y de las carencias estructurales en la protección a las mujeres”.
El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, también reaccionó a la noticia con un mensaje en redes sociales, asegurando que “nos parte el alma y nos llena de rabia” la muerte violenta de otra mujer. Han reiterado el compromiso institucional de reforzar recursos y coordinar políticas de prevención y protección.
Organismos y colectivos feministas advierten que estas cifras revelan una persistente brecha entre la legislación y su aplicación real sobre terreno. Se apunta a la falta de recursos, a fallos en los sistemas de alerta (como las pulseras antimaltrato) y a la saturación de los cuerpos policiales como causas que dificultan una respuesta eficaz.
A nivel judicial, se ha señalado que prácticamente cada policía en Andalucía estaría encargándose de proteger a cien víctimas de violencia machista, una carga de trabajo que, según voces especializadas, resulta insostenible.
Este año, la víctima más reciente tenía 83 años, asesinada por su esposo de 84 en Marbella. Al tratarse de un caso sin denuncias previas, las circunstancias han generado gran conmoción en el ámbito institucional y mediático.
La gravedad de la situación sitúa a Andalucía ante el desafío urgente de reforzar mecanismos de detección temprana, mejorar atención integral a las víctimas y garantizar que las políticas contra la violencia de género no se queden en el papel, sino funcionen realmente para prevenir más tragedias.
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