El relajamiento de las medidas extraordinarias que limitaban los precios del alquiler tras la pandemia está provocando un fuerte “efecto rebote” en los precios de los arrendamientos en Andalucía, por encima incluso del 30 %, según advierten organizaciones sociales y medios regionales. En este nuevo contexto, se estima que la mitad de los hogares andaluces con ingresos bajos podrían ver el coste de su vivienda como un gasto “inasumible”.
Estos hogares, ya castigados por la inflación y las presiones económicas, se enfrentan a un aumento abrupto de sus rentas que supera la subida de sus ingresos, lo que amenaza con desestabilizar su subsistencia. El fenómeno se ve agravado por la escasa oferta de vivienda en alquiler y el agotamiento de los mecanismos que protegían a los arrendatarios durante la crisis sanitaria.
El estudio realizado por ABC destaca que muchas familias viven en condiciones de vulnerabilidad tras cinco años de esperas, mientras que las rentas suben sin control. El informe señala que los incrementos actuales pueden alcanzar hasta un 30 % en ciertos casos, lo que pone a decenas de miles de personas al borde del impago o de la pérdida del hogar.
Las consecuencias ya se notan en diferentes provincias andaluzas. Por ejemplo, en Cádiz los impagos del alquiler han crecido de forma sostenida, con inquilinos dedicando alrededor del 34 % de sus ingresos al pago del arrendamiento. Los salarios, por su parte, no logran seguir el ritmo de las subidas de la vivienda.
En este escenario, los gobiernos autonómico y estatal se encuentran bajo presión para retomar medidas de protección. Algunos expertos proponen reactivar ayudas directas a los hogares más vulnerables, aumentar el parque público de vivienda y aplicar controles más estrictos sobre la actualización de las rentas. No obstante, cualquier intervención enfrenta límites legales: desde 2025, los contratos de alquiler solo podrán revisarse al alza en un 2,19 %, conforme al nuevo índice de referencia que ha reemplazado al IPC para estas actualizaciones.
La situación plantea un dilema urgente: cómo contener la presión de los precios del alquiler sin desalentar la oferta privada y sin dejar desprotegidos a quienes menos pueden asumir esas subidas. En Andalucía se debate ya la posibilidad de combinar deducciones fiscales al alquiler, ayudas sociales y regulación más firme del mercado inmobiliario para evitar que cientos de miles de familias caigan en la exclusión residencial.
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