El consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública de la Junta de Andalucía, José Antonio Nieto, ha denunciado este martes lo que considera un intento del Gobierno de España por limitar la información sobre los problemas detectados en las pulseras antimaltratadores, los dispositivos que permiten controlar a los agresores de violencia de género. Según Nieto, se estaría tratando de “imponer otro apagón informativo”, tras los fallos señalados por la Fiscalía General del Estado (FGE) en su memoria de 2024.
El caso llegará este miércoles al Congreso de los Diputados, donde se debatirá la reprobación de la ministra de Igualdad, Ana Redondo, como consecuencia de los errores que podrían comprometer la eficacia de los dispositivos. La Fiscalía alertó en su informe anual sobre deficiencias en el funcionamiento de las pulseras, incluyendo problemas técnicos y fallos en los protocolos de supervisión, que podrían poner en riesgo la seguridad de las víctimas.
Nieto ha señalado que la Junta de Andalucía considera imprescindible la transparencia y el acceso público a la información, especialmente en un tema que afecta directamente a la protección de las mujeres. “No podemos permitir que los fallos en estos sistemas sean tratados con opacidad; es fundamental que la ciudadanía y las administraciones autonómicas tengan conocimiento completo de los problemas y las medidas adoptadas para solucionarlos”, ha declarado.
El consejero ha recordado que Andalucía ha sido pionera en la implantación de estos dispositivos y ha defendido la necesidad de coordinación entre las administraciones para garantizar que funcionen correctamente. Además, ha insistido en que la reprobación de la ministra se presenta como una herramienta política y de control que permita garantizar responsabilidades y corregir los errores detectados, asegurando que las pulseras cumplan con su función de proteger a las víctimas de violencia de género.
El debate parlamentario pone de relieve, según Nieto, la importancia de no minimizar los fallos ni restringir la información, ya que los dispositivos de control forman parte de un sistema integral de protección de las víctimas, cuya eficacia depende de la transparencia y de la supervisión constante.
Con esta posición, Andalucía insiste en la necesidad de que el Gobierno central rinda cuentas y se adopten medidas efectivas que eviten cualquier riesgo para las mujeres que dependen de estas herramientas de protección, en un contexto en el que la lucha contra la violencia de género sigue siendo una prioridad política y social en la región y en todo el país.
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